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La que se ha montado en Madrid con la huelga de taxis desde el punto de vista didáctico es un  tema muy jugoso para analizar y debatir muchos aspectos económicos: regulación, sindicatos, tecnología, consumidores…

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Los taxistas madrileños se sumaron ayer a las movilizaciones del sector y convocaron paros que se extenderán desde las seis de la madrugada del miércoles 11 a la misma hora del día siguiente. Su objetivo es presionar al Gobierno para que prohíba los servicios que, a través de aplicaciones de teléfono móvil, ponen en contacto a conductores y usuarios para organizar traslados de pago en turismo.

La Comisión Europea se pronunció en contra de prohibir estos servicios hace dos semanas; sin embargo, el Ministerio de Fomento recordó ayer mediante un comunicado que los conductores se enfrentan a multas de hasta 18.000 euros, y los usuarios con sanciones de hasta 600 euros.

La principal destinataria de la ira de los taxistas es la empresa estadounidense Uber, con presencia en 128 ciudades de 37 países, que presumía en abril en su blog de su “abrumadora acogida” en Barcelona, donde comenzó a operar ese mismo mes. Y añadía: “Que los taxis protesten en contra de nuestra llegada es su elección. Sin embargo, está situación no está beneficiando a nadie: ni a los usuarios, ni a los conductores, ni a la ciudad. Seguridad, fiabilidad y elección, no protestar, son lo que atrae a los clientes hacia formas innovadoras de transporte”.

Las quejas de los taxistas se refieren precisamente a la inseguridad a la que se enfrentan en su opinión los usuarios del servicio.

Julio Moreno, presidente de la Asociación Gremial de Madrid (que agrupa 9.000 de las 15.700 licencias de la capital), denuncia que el servicio de Uber es “ilegal” porque incumple la legislación laboral, tributaria, de transportes y de tráfico. “Para prestar un servicio de transporte de viajeros en un turismo es necesaria una licencia, una autorización administrativa, y un carné de conducir especial (BTP), además de un seguro de accidentes que cubra al cliente”, explica Moreno. “Los conductores de Uber no pagan los impuestos correspondientes, nadie controla si se pasan todo el día y la noche trabajando sin descanso, el estado de su vehículo o la formación de aquél que se pone al volante… No hay ninguna garantía para el consumidor. ¿Y luego dónde reclama si pasa algo, en California?”, añade Moreno.

Los taxistas se reunieron con el director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, Joaquín del Moral, el pasado 28 de mayo. Según La gaceta del taxi, Del Moral “constató la ilegalidad de Uber”. Sin embargo, Moreno matiza el director general “entendió la situación pero aún no ha dicho nada”. Las asociaciones del sector enviaron además una misiva a la ministra de Fomento, Ana Pastor, pero no han recibido todavía respuesta.

Ayer, a última hora de la tarde, Fomento emitió un comunicado para “recordar” que la ley “exige” autorización administrativa para prestar estos servicios. Lo hizo “ante la aparición de anuncios en los medios y redes mediante los que diversas empresas hacen pública su intención de poner en marcha” esos servicios, ignorando así deliberadamente que ya funcionan en Barcelona. Y recalcó que la multa para las personas o empresas que realicen el transporte de pasajeros oscila de 4.001 y 18.000 euros, mientras que la sanción para el usuario va de 401 a 600 euros. Para la empresa que oferta el servicio, en este caso la aplicación de móvil Uber, la sanción es de 801 a 1.000 euros.

El pasado 15 de abril, la holandesa Neelie Kroes, comisaria de Agenda Digital y vicepresidenta de la Comisión Europea, dijo estar “encolerizada” por el dictamen de un juzgado belga de prohibir Uber en Bruselas. “Esta decisión no protege o ayuda a los pasajeros: se trata de proteger al cártel de los taxistas. Nadie dice que los conductores de Uber no deban pagar impuestos, respetar las normas y proteger a los consumidores. ¡Pero prohibir Uber no les da la oportunidad de hacer las cosas bien! Si las autoridades de Bruselas tienen un problema con Uber, deberían encontrar la forma de ayudarles a cumplir las reglas en vez de vetarlos”, explicó en su blog. Las protestas contra Uber se han extendido por toda Europa: París, Londres, etcétera. No son nuevas en cualquier caso para una empresa que ya afrontó este mismo problema en su país de origen, Estados Unidos.

Uber está presente en 67 ciudades estadounidenses, seis latinoamericanas (de Río de Janeiro a Santiago de Chile) y 23 asiáticas (de Tokio y Pekín a Bangkok o Manila). En Europa, se ha instalado desde Moscú o Dublín a Barcelona, la única urbe española donde funciona por ahora el servicio.

En Madrid, la Gremial de taxis reconoce que aún no han tenido noticia de que esté en marcha, extremo confirmado por el Ayuntamiento. Tanto el gobierno local como el regional han evitado entrar en esta polémica, aduciendo que la normativa en cuestión tiene carácter estatal.

En realidad, ya existían aplicaciones parecidas en España desde hace años. Cabify comenzó a operar precisamente en Madrid en 2011, fundada por Adeyemi Ajao, uno de los padres de la red social Tuenti. Esta aplicación permite contratar un coche de gama alta con chófer profesional; empezaron con un centenar de vehículos (Mercedes, BMW, Audi, etcétera) y todos los permisos pertinentes. Ahora operan también en Barcelona, A Coruña, Málaga, Bilbao y Vitoria, con una tarifa mínima de 10 a 40 euros por servicio.

En su comunicado de abril, Uber añadía: “Hemos escogido Barcelona por una razón: su mente abierta y su espíritu independiente. Queremos seguir creciendo, a pesar de los intentos de la industria del taxi en poner freno a la innovación y a limitar las alternativas del consumidor. Las operaciones continúan en todas las ciudades Uber gracias a una demanda abrumadora”.